Varios centros de salud colapsados y servicios de urgencias cerrados en Vallecas por los recortes en sanidad

Desde hace años, la Sanidad Pública está siendo sometida a múltiples recortes presupuestarios, que no hacen más que deteriorar al personal sanitario, por medio de condiciones laborales injustas, contratos temporales, recortes salariales, agotamiento y un estado constante de inseguridad laboral.

Estos problemas han ido poco a poco mermando las capacidades laborales de los sanitarios y, por ende, dificultando la atención a los pacientes de sus dolencias, causando que se prolonguen las listas de espera, dificultando la detección temprana de enfermedades graves y ocasionando en muchas ocasiones, tratamientos o diagnósticos tardíos o que esas dolencias puedan convertirse en patologías crónicas. Si a todo esto, le sumamos las consecuencias de la pandemia de SARS-CoV-2, la alta carga de trabajo y psicológica en las diferentes olas, los despidos de personal sanitario y la falta de contratación, la situación es insostenible.

Estos hechos, ejecutados de forma sistemática y de forma sosegada en los últimos años, son claros ejemplos de «Ataques intencionados» al sistema de sanidad pública, y llevan orquestándose en varias legislaturas, con el único objetivo de enriquecer a fondos de inversión y empresas privadas que quieren hacerse con los contratos sanitarios y servicios sanitarios de los hospitales, con fines especulativos y espurios.

Las políticas de privatización ejecutadas por el Partido Popular y los contratos a empresas afines han sido usados desde el poder político para comprar voluntades, fortalecerse políticamente y enriquecer a estas empresas, algunas de ellas pertenecientes o relacionadas con antiguos compañeros de partido, familiares o amigos, por medio de concesiones directas y evitando los concursos públicos, hinchando presupuestos o manteniendo partidas presupuestarias innecesarias, sin control alguno por parte de la justicia y el silencio mediático de muchos medios de prensa, cadenas de televisión (que forman parte del ajo por tener intereses en esas mismas empresas) y sus voceros.

Desde hace años, las vecinas y vecinos de Vallecas llevamos denunciando el deterioro que está sufriendo la Sanidad Pública en nuestro barrio. Intentaron cerrar los centros de salud del distrito de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas y salimos a las calles, contra las políticas de privatización de Javier Fernández-Lasquetty. Se han intentado cerrar diferentes consultas (salud mental), salas de diagnóstico (radiografías) y derivar pruebas a hospitales de otros municipios (hasta Parla) o empresas privadas, de forma silenciosa, tanteando la tolerancia de los pacientes y facultativos, pero se han ido frenando estos intentos por medio de reclamaciones, la presión vecinal y la protestas de los propios sanitarios.

Con la pandemia, la situación ha sobrepasado los límites y el caso más flagrante es el que sucede en el Centro de Salud Vicente Soldevilla, donde 9 de los 16 médicos están de baja por diferentes motivos (ansiedad, renuncias, embarazos, etc.) y a pesar de los esfuerzos del personal asistencial y administrativo del centro, no dan abasto con todas las consultas a los pacientes.

Médicos y doctoras que llevan meses atendiendo a un altísimo número de pacientes en sus consultas diarias, presenciales o telefónicas, en un barrio donde la población es mayor y les cuesta desplazarse a los centros de salud, porque muchos inmuebles no tienen ascensor y su movilidad es reducida, y donde para cada paciente, el tiempo y tipo de asistencia médica varía, ha llevado a estos sanitarios a hacer grandes esfuerzos y muchas horas extra para sostener el barco a flote, pero tras esas bajas, no había forma humana de mantener todas las consultas y atender de forma correcta a cada paciente.

A su vez, el personal del centro denuncia que desde hace meses, se están dando ciertas situaciones incómodas (subidas de tono o en algunos casos, improperios al personal del centro por parte de algunos pacientes desesperados por las largas esperas) y dificultades añadidas al atender a los pacientes, dado que les están rotando entre las consultas y están siendo atendidos por diferentes facultativos en cada cita, por tener que ir ajustando las citas a la falta de personal, lo que origina que los médicos pierdan el conocimiento y seguimiento de forma continua de sus casos (lo que se conoce como longitudinalidad) causando que cada nueva consulta con esos pacientes se prolongue nuevamente para volver a leer y evaluar su historial médico, patologías y pruebas solicitadas por anteriores compañerxs.

El personal del centro comenzó hace unas semanas a informar a los pacientes por medio de diferentes carteles de la situación del centro y del número de médicos disponibles en cada turno de mañana y tarde, intentando que los pacientes entendiesen la demora en las consultas y la priorización de asistencia a los casos grave, a la vez que se les instaba a que en caso de estimarlo oportuno, reflejasen sus quejas por medio de interponer una reclamación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

La Dirección Asistencial del centro ordenó al personal la retirada de estos carteles “por motivos políticos”, pero lo único que se consiguió con ello, es que dicha dirección tuviese que evidenciar la lamentable situación por medio de un comunicado lleno de palabras políticamente correctas, para alegar problemas de «recursos humanos» y que esto diese pie a la protesta del vecindario por medio de varias concentraciones a las puertas del centro.

Gracias a esas protestas, el personal del centro ha conseguido que la Dirección Asistencial se reúna con ellos y escuche sus quejas y reclamaciones, para exigir la contratación y suplencia de todas las bajas de plazas médicas, para dar una asistencia idónea a los pacientes.

La situación en este centro, aun sin solventar, no hace más que evidenciar todos los desajustes que llevan produciéndose desde hace años en la sanidad pública, como decimos, a diferentes niveles y de forma sistemática. Servicios de Urgencias y centros de salud sin turnos de tarde durante meses/años (SUAP del Centro de Salud Federica Montseny y del Centro de Salud Ángela Uriarte y el Centro de Salud de Numancia), en las diferentes olas y periodos de alta tasas de incidencia, derivando a los pacientes a los servicios de urgencias en los hospitales que igualmente estaban colapsados.

Centros de salud cuyo cupo de población sobrepasa los propios criterios establecidos por la Comunidad de Madrid, como sucede en el Ensanche de Vallecas, donde las vecinas y vecinos llevan años reclamando la construcción de un segundo centro de salud:

Una situación que se ha ido agravando año tras año, por políticas de recorte desde el hemiciclo de la Comunidad de Madrid, para repartir el pastel y las partidas presupuestarias de Sanidad a empresas afines y que, si no se frena de manera inmediata por parte de la oposición en la Asamblea y desde los juzgados, destruirán al 100% la sanidad pública y un derecho básico de la población madrileña.