Segundo desahucio de una familia con hijos menores en Vallecas

El pasado miércoles 21 de Julio se repetía en Vallecas la dantesca escena de la ejecución de un desahucio de una familia con hijos menores de edad.

Varias dotaciones de la UIP de la Policía Nacional ejecutaban el desahucio de una vivienda en la calle Maquinilla, ubicada en el distrito de Puente de Vallecas, tras el mandato del juzgado de primera instancia nº6 de Madrid. En dicha vivienda residían una pareja de abuelos, formada por Cruz una mujer de 58 años y su marido, junto a sus cuatro nietos, dos niñas y dos niños, todos ellos menores de edad con edades comprendidas entre los 9 y los 16 años.

Previamente, en dicho inmueble vivía otra de sus hijas mayores, Marily, la cual les dejó el inmueble tras conseguir un trabajo y vivienda en otra comunidad. El propietario de la vivienda, Liberbank, vendió el piso a la empresa Global Tarasca, la cual no ha querido renovar el contrato de alquiler con opción a compra vigente hasta entonces.

Cruz, su marido y sus nietos vivían en dicho inmueble desde Enero de este año, tras varias dificultades económicas y familiares. La pareja tiene a su cargo a los niños, tras que los menores quedasen huérfanos hace varios años.

Cruz, la abuela de los cuatro niños, ha solicitado en repetidas ocasiones un alquiler social a la EMVS y la AVS del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, sin recibir respuesta por parte de ambos organismos.

Aunque en estos instantes, sigue vigente el decreto antidesahucios aprobado durante la pandemia por el Gobierno, este desahucio ha sido ejecutado, aboliendo el derecho a una vivienda y el decreto en cuestión. Según el juzgado que instruyó el caso, no se pudo demostrar un estado de vulnerabilidad ni de empadronamiento y los servicios sociales aportaban una posible solución habitacional para esta familia.

Desde la PAH en Vallecas denuncian el papel o falta de labor previa de los servicios sociales en este caso para acreditar el estado de vulnerabilidad de esta familia y que este desahucio cumple con todos los criterios del decreto antidesahucios. Tras tres intentos de lanzamiento del desahucio, el juez daba la razón al actual propietario del inmueble omitiendo dicho decreto.

A pesar del apoyo de una treintena de activistas de la PAH de Vallekas, la policía accedió a la vivienda y procedió al desalojó de la familia. Tras recoger sus enseres, la familia rechazaba la prestación de un alojamiento alternativo ofrecido por los Servicios Sociales de Madrid tras el desahucio, dado que según la PAH de Vallekas es una solución temporal y no se garantiza que la familia este junta e indicaban a los medios que se quedarían en casa de una amiga de la familia.

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